El grupo de ciberpiratas operaba desde Benehavís, Mija o Benalmádena (Málaga) y contaba con 95 revendedores en Portugal, Reino Unido, Malta, Grecia y Chipre
La policía española ha dado uno de los mayores golpes a la distribución ilícita de contenidos audiovisuales de pago. Los ciberdelincuentes utilizaban un entramado de sitios web desde los que se ofertaban suscripciones a 2.500 televisiones de pago y 23.000 películas sujetas a derechos de autor. Vendían sus suscripciones en grandes paquetes a revendedores que a su vez las vendían individualmente.
Los beneficios del grupo dedicado a la piratería y distribución ilícita ascendían a 3 millones de euros anuales que presuntamente desviaban a cuentas en paraísos fiscales. En otros casos se blanqueaban a través de la compra de bienes casas o bienes inmuebles.
La operación del CNP fue coordinada con la EUROPOL, se intervinieron 32 servidores además de dos vehículos de gama alta valorados en 180.000 euros. El inicio de esta investigación se remonta al año 2020 cuando Alliance for Creativity and Entertainment (un grupo de empresas aunadas en contra de la piratería digital) presentó una denuncia que puso a las autoridades tras la pista.
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